El Gobierno Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 231 firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros, ha reflotado un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo para asegurar el envío automático de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Esta medida tiene como objetivo garantizar el pago de salarios y el mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa, establecidos por ley.
La decisión de prorrogar el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo, conforme al DNU 231 publicado el 7 de marzo en el Boletín Oficial, busca mitigar las tensiones previas entre los gremios docentes, los gobiernos provinciales y el Ejecutivo, originadas por los recortes en las partidas presupuestarias para educación.
En los considerandos del decreto, se destaca el compromiso de garantizar el reparto automático de recursos a los ministerios de Educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de cubrir gastos estrictamente relacionados con la función educativa. Esta acción se considera necesaria y urgente, especialmente ante la prórroga del Presupuesto 2023, para asegurar el financiamiento del sistema educativo nacional.
El artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo establece, por un plazo de 5 años, una asignación específica de recursos coparticipables con el propósito de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional, y coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En virtud del DNU 231, el Ejecutivo garantiza el envío de los fondos educativos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, prorrogando el artículo 7 de la ley 26.075, que establece el pago de salarios y el mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa. Esta medida representa un respaldo a lo establecido por la Ley de Financiamiento Educativo, considerando la situación económica y social actual.
Es importante destacar que conforme a la ley 26.075, el Ejecutivo debe repartir una cantidad equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto (PBI).
En conclusión, el Decreto 231/2024 ratifica el compromiso del Gobierno Nacional con el financiamiento y fortalecimiento del sistema educativo, al garantizar el envío automático de fondos a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en línea con lo establecido en la Ley de Financiamiento Educativo.
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