El Gobierno de la Provincia de Salta ha tomado la decisión de presentar un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia (Expte. CSJ 529/24) contra el Gobierno nacional, en relación al Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID). Este recurso busca no solo la restitución del FONID y los fondos de conectividad, sino también la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280. Además, se solicita una Medida Cautelar para la devolución del dinero desembolsado por la Provincia en enero y para los fondos correspondientes a los meses siguientes, mientras se resuelve el caso.
El FONID, establecido en 1998 por una ley del Congreso, tiene como objetivo mejorar la retribución de los docentes, siendo prorrogado por distintas leyes y decretos a lo largo de 26 años. Este fondo representa la responsabilidad legal y constitucional del Gobierno nacional de contribuir al financiamiento del sistema educativo, tal como lo indican la ley de Financiamiento Educativo (26.075) y la Ley Nacional de Educación (26.206). Estas leyes no solo establecen la obligación del Estado nacional de contribuir al financiamiento del sistema educativo de las provincias, sino que también declaran a la educación como un bien público y una prioridad nacional y política de Estado.
A pesar de que las partidas para el FONID estaban contempladas en el Presupuesto 2023, el Estado nacional decidió unilateralmente no realizar la transferencia de los fondos correspondientes, los cuales fueron eliminados del presupuesto a través del DNU 280, a pesar de que la Secretaría de Educación de la Nación ya había devengado el gasto.
La Provincia argumenta que esta decisión del Gobierno nacional ha implicado una disminución sustancial e inesperada de los recursos previstos, así como una reducción en los salarios de los docentes. Por lo tanto, busca la protección de los fondos necesarios para garantizar una remuneración justa para los educadores y el adecuado funcionamiento del sistema educativo.
La presentación de este Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia representa un paso significativo en la defensa de los derechos educativos en la Provincia de Salta, y su resolución tendrá un impacto crucial en el futuro del sistema educativo a nivel nacional.
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