La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, se reunió hoy con el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, con el objetivo de avanzar en diversas temáticas que afectan el contexto educativo y que son competencia del Ministerio Público Fiscal.
Análisis del Artículo 20 BIS del Código Penal
Durante el encuentro, uno de los temas centrales fue la discusión sobre los casos de docentes condenados por delitos de abuso sexual que buscan reingresar al sistema educativo. En este contexto, analizaron la aplicación del artículo 20 BIS del Código Penal, el cual, tras su modificación en 2015, establece la inhabilitación especial perpetua para aquellos autores que utilicen su empleo, cargo, profesión o derecho en la comisión del delito. Esta medida busca proteger el bienestar de los estudiantes y asegurar un entorno educativo seguro.
Procedimiento Judicial ante Toma de Escuelas
Otro punto importante tratado fue el procedimiento judicial relacionado con los reiterados casos de toma de escuelas. La ministra Fiore Viñuales subrayó la necesidad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho fundamental de enseñar y aprender, derecho que asiste tanto a docentes como a alumnos. En este sentido, reiteró que el Ministerio de Educación siempre ha ofrecido canales de comunicación y diálogo con las comunidades educativas para abordar estos temas de manera constructiva.
Ciberdelitos en el Entorno Educativo
Además de los temas mencionados, la ministra también se reunió con la Fiscal Penal Especializada en Ciberdelitos, Sofía Cornejo, a raíz de múltiples denuncias que han requerido la intervención de la Fiscalía, todas con un común denominador: el involucramiento de docentes. En la reunión, reflexionaron sobre la importancia del adecuado uso de la tecnología como herramienta educativa. Ambos coincidieron en que debe ser un recurso útil para el aprendizaje y no un medio que facilite la comisión de delitos. Como resultado de esta conversación, acordaron trabajar de manera conjunta para asegurar que internet y las nuevas tecnologías sean considerados un «espacio seguro» para los alumnos.
La reunión subraya el compromiso del Ministerio de Educación y la Fiscalía por crear un entorno educativo seguro y propicio para el desarrollo de todos los estudiantes, abordando de manera efectiva los desafíos que enfrenta el sistema educativo.
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